El Tribunal Permanente de los Pueblos en Colombia
La Declaración del TPP en el acto de lanzamiento de la Sesión sobre Colombia.
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El Tribunal Permanente de los Pueblos y la Sesión sobre genocidio político, la impunidad y los crímenes contra la paz en Colombia.
Declaración del Jurado del TPP en el acto de lanzamiento del 26 enero 2021
Así como ha sido notificado extensamente en muchas fuentes de información colombianas e internacionales, el 26 de enero de 2021, oficialmente, el Tribunal Permanente de los Pueblos inauguró su procedimiento contra el Gobierno y el Estado colombiano, presentado por una plataforma de entidades promotoras que agrupan 126 organizaciones y más de 170 personas defensoras de Derechos Humanos, artistas, académicos y académicas y personalidades políticas colombianas. La Secretaría General del TPP considera que el texto oficial de la declaración del Presidente del TPP y del Jurado sea la contribución más útil a la campaña de visibilización, que, por definición, es la primera y fundamental respuesta que un tribunal de opinión hace a una acusación de violaciones tan graves de Derechos Humanos y de los pueblos, como las que se escucharon en ese día.
La historia de las relaciones del TPP con Colombia es larga. Empezó con el ciclo de sesiones sobre la impunidad en América Latina y en Colombia, de 1989 a 1991, que culminó con la audiencia en Bogotá en abril de 1998. Los que han participado en la audiencia sobre Colombia no pueden olvidar que, en esta sesión, el papel de fiscal fue asumido por nuestro gran amigo Eduardo Umaña, asesinado varios años después, sin que los autores de este crimen hayan sido juzgados, lo que confirma la permanente impunidad que denunciamos desde esta época.
Siguieron, en los años 2006-2008, las audiencias sobre el papel de las empresas transnacionales. Hoy, estamos a punto de empezar una nueva sesión sobre el genocidio político y la impunidad. Más de treinta años han pasado desde la primera audiencia sobre Colombia y las graves violaciones a los Derechos Humanos han seguido, con un nivel altísimo de impunidad, como se ha notado en las sucesivas audiencias.
El acta de acusación que se acaba de presentar muestra una continuidad de la represión masiva de la protesta social, desde el caso de la Masacre de las bananeras en 1928 hasta hoy en día. Ya hace casi un siglo, se veía y se denunciaba el papel de las compañías transnacionales, pero estas compañías han seguido actuando permanentemente en el país desde esta época. La acusación subraya también la represión ejercida contra los sindicalistas y los asesinatos de miembros de estas organizaciones; los crímenes políticos, desde el asesinato de Gaitán hasta la eliminación de los militantes de la Unión Patriótica.
En la primera audiencia sobre la impunidad en América Latina y, precisamente en Colombia, el Tribunal describió así la realidad de Colombia: «Un gobierno formalmente democrático, sobre el cual se cimenta una inusitada y persistente ejecución de crímenes de lesa humanidad. La violencia institucional (fuerzas armadas y organismos de seguridad), parainstitucional (organismos paramilitares) y extrainstitucional (sicarios y asesinos a sueldo)…persigue acabar con toda persona y organización social, gremial o política que confronta las injustas estructuras socio-económicas y políticas vigentes. El asesinato de líderes populares y políticos de oposición, la desaparición forzada, las masacres de campesinos, los bombardeos de zonas rurales, la detención ilegal, son varios de los instrumentos utilizados en la sistemática y permanente violación de los más elementales derechos»… y se describían los mecanismos de impunidad, que han seguido vigentes durante muchos años.
En su sesión de julio de 2008, el Tribunal condenó al gobierno de Colombia «por su participación, directa o indirecta, por acción y por omisión, en la comisión de prácticas genocidas,…en la comisión de crímenes de lesa humanidad…y por incumplimiento de sus obligaciones de persecución del genocidio,…y de los crímenes de lesa humanidad, y en particular de la violación del derecho a la tutela judicial efectiva y de los derechos reconocidos internacionalmente a las víctimas de dichos crímenes…»
Desde la última sesión del Tribunal, el conflicto armado con las FARC-EP terminó y se ha concluido con el acuerdo de paz firmado por las partes en noviembre de 2016. Los órganos creados por el Acuerdo: la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, siguen desarrollando una labor muy seria, dedicada y útil. Pero, a pesar de eso y de la voluntad del pueblo colombiano de vivir en paz, siguen cometiéndose asesinatos de líderes y lideresas sociales, de defensores y defensoras de Derechos Humanos, de indígenas, de campesinos y campesinas y de firmantes de la paz (miembros del partido político Comunes), como una continuación de lo que se denunció en las precedentes audiencias.
Con estas breves consideraciones, en nombre del Tribunal, acojo la acusación presentada por el observatorio de Derechos Humanos y Derecho Humanitario, la coordinación Colombia Europa Estados Unidos y la coordinación de organizaciones no gubernamentales y sociales de Derechos Humanos, y confirmo que la 48° sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos se tendrá en Bogotá del 25 al 27 de marzo 2021.
Philippe Texier, Presidente del Tribunal Permanente de los Pueblos
en representación del panel de jueces y juezas, compuesto por:
Andrés Barreda (México), Luciana Castellina (Italia), Graciela Daleo (Argentina), Mireille Fanon Mendès-France (Francia), Daniel Feierstein (Argentina), Luigi Ferrajoli (Italia), Michel Forst (Francia), Esperanza Martínez (Ecuador), Luis Moita (Portugal), Antoni Pigrau Solé (España)
y de la Secretaría General del TPP, cuyos componentes son:
Gianni Tognoni, Secretario general, y Simona Fraudatario, coordinadora.